Del pucherazo a la estrategia oculta de Pedro Sánchez con la Ley de Nietos
El pleno del Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, ha desestimado por una abrumadora mayoría de diez votos frente a dos el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra la resolución cautelar adoptada por el Tribunal Supremo. Dicha resolución judicial prohibía participar en las próximas elecciones a todos aquellos ciudadanos que hubiesen obtenido la nacionalidad española no a través de las vías tasadas en la Ley de Memoria Democrática, sino mediante la controvertida instrucción posterior redactada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes Óscar Puente. La inclusión en este bloque mayoritario de magistrados pertenecientes al bloque de izquierdas ha causado notable sorpresa, dada la habitual tendencia del órgano de garantías a plegarse a los designios del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El fundamento jurídico de la inadmisión se sostiene en dos pilares indiscutibles conforme a la legalidad vigente. En primer término, no se había agotado la obligatoria vía judicial ordinaria ante el Tribunal Supremo, circunstancia que el propio titular del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, admitió en público días antes de ceder a las presiones del poder político. En segundo lugar, no concurre vulneración alguna de los derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna: la medida no priva del derecho al sufragio a quienes cumplen la ley original de nietos, sino exclusivamente a aquellos incorporados de forma sobrevenida a través de una circular de Sofía Puente que desbordó el marco legal, incurriendo en un fraude que ya ha motivado una querella penal por prevaricación. Detrás del inusual alineamiento de los vocales progresistas subyacen diversas interpretaciones de carácter político y personal. Por un lado, trasciende la aspiración del propio Conde-Pumpido, con el mandato caducado y pendiente de renovación, de labrarse un destino de retiro dorado en el Consejo de Estado eludiendo desgastes adicionales tras los escándalos de la amnistía o la revisión de las condenas del caso de los ERE. Por otro lado, un revés judicial en esta materia no perjudica los intereses de La Moncloa, dado que las encuestas electorales sitúan a la alternativa de derechas muy cerca o por encima de la mayoría absoluta. #socialismosl #pedrosanchez #sandraleon #pucherazo