La dirección gerencia del Complejo Hospitalario Torrecárdenas ha mantenido hoy una reunión con la familia de Eduardo, el niño con 14 años con síndrome de Pfeiffer, en la que se les han explicado los criterios facultativos que avalan las decisiones de traslados de los pacientes, en las que se tienen en cuenta el estado clínico del mismo. En esta reunión se les ha comunicado también que se ha autorizado el traslado en avión del menor a Madrid y sus acompañantes para la intervención que el adolescente tiene programada para la próxima semana en el Hospital 28 de Octubre. En el encuentro que han mantenido el gerente de Torrecárdenas con la madre del niño también se le ha explicado que para determinadas intervenciones y revisiones, el paciente puede ser derivado a unidades de referencia andaluzas, sin que sea necesario su traslado a otra comunidad, o que éste puede producirse por otro medio de transporte si así lo indican los facultativos.

La reunión se produce después de que el pasado martes, el padre tuviera un fuerte encontronazo con el responsable de Gestoría del Usuario del hospital después de que éste le explicara que el protocolo había cambiado y que el centro no podía costear los billetes de avión del niño y un familiar como estaba previsto. "El padre del niño fue a hablar con el responsable y le pusieron excusas. Sé que no es justificable, pero deberían entender la situación por la que estamos atravesando", explica Ana, la madre de Eduardo, en conversación con este periódico. El niño, que tiene una enfermedad rara de origen genético llamada síndrome de Pfeiffer, que afecta aproximadamente a un niño por cada 100.000 nacimientos, ha sido operado 47 veces en sus 14 años de vida. 

Tras el incidente, el Complejo Hospitalario Torrecárdenas ha manifestao su "absoluto rechazo" a la agresión sufrida el martes por el responsable de Gestoría del Usuario, "que fue increpado y amenazado por el padre del menor". La situación provocó la intervención de los servicios de Seguridad del propio hospital, así como de la Policía Nacional.  El profesional afectado ha interpuesto ya la correspondiente denuncia ante la Policía. “Este tipo de conductas son inadmisibles y carecen de cualquier justificación”, se apunta desde el Hospital. La agresión contra profesionales del sistema sanitario público pueden conllevar penas de uno a tres años de prisión.